Supreme Court hears Arizona v. United States

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 On April 25, the U.S. Supreme Court will hear arguments in State of Arizona v. United States, which challenges the constitutionality of Arizona's SB1070.  This is the controversial repressive immigration legislation passed two years ago that many believe violates civil liberties and constitutional rights. SB1070 opened the way to similar legislation such as HB56 in Alabama and SB20 in South Carolina. Georgia and Utah have also passed so-called “copycat” laws and several other states are in the process.

The state of Arizona argues that it has the inherent authority to enforce civil immigration laws without any authorization from the federal government. The federal district and appeals courts agreed with the Department of Justice that these provisions in Arizona’s new law were pre-empted by federal law and therefore were temporarily barred from going into effect.

The court will review key provisions of the law, including that which requires state and local police to determine the immigration status of a person stopped, arrested, or detained, if the officer has "reasonable suspicion" that the person is in the country illegally; and those that make it a state offense for immigrants not to carry their federal "alien registration document” or work without authorization.

If SB1070 is upheld by the SCOTUS, opponents of these bills fear it will promote discrimination based on the way people look and speak, infringe on the rights of citizens, and deeply divide the nation on immigration policy and how it is enforced.

Arizona v. Estados Unidos ante la Corte Suprema

¿Se permitirá que los estados implementen sus propias leyes migratorias?

El 25 de Abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará los argumentos del caso Estado de Arizona v. Estados Unidos de Norte América que cuestiona la constitucionalidad  de la ley SB1070 en Arizona. Es esta la controversial ley migratoria represiva que fue aprobada hace dos años, y que muchos creen viola las libertades civiles y los derechos constitucionales. La ley SB1070 abrió las puertas a la propuesta y aprobación de leyes similares como la HB56 de Alabama y la SB20 de Carolina del Sur. Los estados de Georgia y Utah también han aprobado leyes similares, y varios otros estados de la nación están también proponiendo leyes migratorias.

El estado de Arizona argumenta que tiene la autoridad inherente de ejecutar leyes migratorias civiles sin necesitar autorización por parte del gobierno federal. Los tribunales federales de distrito y de apelación concordaron con el Departamento de Justicia que la ley federal prevalece sobre las provisiones en la nueva ley de Arizona y por tanto se impidió temporalmente que entraran en vigor.

La corte revisará las provisiones claves de la ley, incluyendo la que requiere que la policía estatal y local determinen el estatus migratorio de cualquier persona que cuestionan, arrestan o detienen, si el oficial tiene “sospecha razonable” que la persona reside ilegalmente en el país; y la que hace ofensa estatal si inmigrantes no cargan consigo sus documentos migratorios de estatus legal, o si trabajan sin autorización.

Organizaciones por los derechos de los inmigrantes en todo el país se están movilizando; habrá rallies locales y en Washington D.C. para apoyar la revocación de la ley SB1070. Si la ley es ratificada, estos grupos temen que promoverá la discriminación basada en el aspecto físico y la manera de hablar de las personas, infringirá sobre los derechos de los ciudadanos, y dividirá a la nación aún más en el tema de leyes migratorias y como deben ser ratificadas.