The Mainstream Media Project thanks those who supported us.

Featured Guests

SAFE Act Prohibits Practical Immigration Policy

Increasing local enforcement and border security is impractical, costly, and unjust


SAFE Act Prohibits Practical Immigration Policy

The House of Representatives’ Immigration Subcommittee recently introduced the SAFE Act (Strengthen and Fortify Enforcement Act), which would grant states and localities full authority to create, implement, and enforce their own criminal and civil penalties for federal immigration violations. Potentially hundreds of new, separate anti-immigration enforcement laws would defy the Supreme Court’s decision last year in Arizona v. United States, which reaffirmed that states may not enact penalties for violations of federal immigration law. This would burden already-stretched local law enforcement resources.

The SAFE Act interferes with DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) and other policies that determine case-by-case if an undocumented person should be allowed to remain in the U.S. It eliminates the use of current guidance on detainers -often referred to as “immigration holds”- issued by the U.S. Department of Homeland Security, expanding the power to detain people indefinitely, despite the expense and failure to provide due process.

Current immigration laws and their enforcement are impractical and inhumane. The federal government already spends more on immigration enforcement than on the FBI, DEA, and ATF combined- agencies that protect us from threats of organized crime and terrorism. Expanding border fortification including construction and maintenance of a 2,000-mile wall, would cost billions and make the southern border of the U.S. second only to North and South Korea in militarization.

Is the SAFE Act likely to pass in either the House or Senate? What are the costs associated with training and assigning local law enforcement on federal immigration law; can states afford it? Does fortification at the southern border make us safer? What would be the impact of eliminating DACA or other temporary relief for childhood arrivals? What reforms make sense?

Ley SAFE Prohíbe Políticas de Inmigración Prácticas

 

Incrementar ejecución policial local y seguridad fronteriza es impráctico, costoso e injusto

El Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes recientemente presentó la Ley SAFE (Strengthen and Fortify Enforcement Act, por sus siglas en inglés), que otorgaría a los estados y localidades plena autoridad para crear, implementar y hacer cumplir sus propias sanciones penales y civiles por violaciones de leyes migratorias federales. Esto tendría el potencial de que cientos de nuevas leyes anti-inmigrantes a nivel estatal desafíen la decisión de la Corte Suprema del año pasado, Arizona contra los Estados Unidos, la cual reafirmó que los estados no pueden decretar sanciones por violaciones a leyes federales de inmigración. Los fondos y recursos, ya bastante estrechados de la policía local, serían abrumados.

La Ley SAFE interfiere con DACA (Proceso de Acción Diferida para Jóvenes Indocumentados) y otras políticas que determinan caso por caso si personas indocumentadas serían permitidas permanecer en los EE.UU. También elimina la aplicación de órdenes de detención migratorias emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional, ampliando el poder de detención de personas indefinitivamente, a pesar de los gastos que esto causa y el fracaso del debido proceso.

Las actuales leyes de inmigración y su aplicación no son prácticas y también son inhumanas. A esta altura, el gobierno federal gasta más en implementar estas leyes que lo que gasta combinando las agencias del FBI, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), agencias que nos protegen de las amenazas de la delincuencia organizada y el terrorismo. Expandir la fortificación fronteriza, incluyendo la construcción y el mantenimiento de un muro de 2,000 kilómetros costaría miles de millones de dólares y la frontera sur se convertiría en la segunda frontera más militarizada del mundo, debajo del rango de la frontera entre Corea del Norte y sur que ocupa el primer lugar.

Las leyes de inmigración y su aplicación deben sostener los valores estadounidenses de justicia y equidad para todos, garantizando también la seguridad pública. Personas emigran a los Estados Unidos para proporcionar una mejor vida para sus familias, en la mayoría de los casos escapando de su desesperada pobreza y la violencia en sus países natales. Estas personas inmigrantes trabajan con dedicación, pagan impuestos, y contribuyen a sus comunidades. Necesitamos leyes de inmigración de sentido común que permitan que las personas permanezcan en el país de manera legal como valiosos colaboradores a nuestra economía y estilo de vida, en lugar de gastar miles de millones de dólares deteniendolos y deportándolos -un enorme lujo que no podemos darnos.

¿Qué tan probable es que pase la Ley SAFE en la Cámara o el Senado? ¿Cuáles son los costos asociados con el entrenamiento y la asignación de la policía local de ejecutar acción de las leyes federal de inmigración? ¿Podrán los estados cubrir estos costos? ¿En verdad nos da más seguridad la fortificación de la frontera sur? ¿Cuál sería el impacto de la eliminación de DACA u otro alivio temporal para aquellos traídos al país en su infancia? ¿Cuáles serían las reformas migratorias de sentido común?